A propósito de los recientes levantamientos populares que han atravesado Bolivia en los últimos días, conversamos con Rosario Aquím Chávez, filósofa, ensayista y docente universitaria boliviana, con el propósito de comprender las dimensiones históricas, políticas y estructurales que configuran la actual crisis del país.
La crisis boliviana, no puede interpretarse como un episodio meramente coyuntural, provocado exclusivamente por las protestas recientes o por la inestabilidad política inmediata. Reducirla a una contingencia circunstancial implicaría desconocer la densidad histórica de las contradicciones que atraviesan al Estado boliviano desde su constitución republicana. La conflictividad contemporánea expresa, más bien, la condensación de fracturas estructurales acumuladas durante siglos y rearticuladas bajo distintas formas de dominación política, económica y simbólica. Desde esta perspectiva, la fundación de la República en 1825, no representó una ruptura radical con el orden colonial, sino, en muchos sentidos, su reconfiguración bajo nuevas formas institucionales. El Estado republicano heredó y reprodujo estructuras de exclusión racial, concentración del poder y subordinación económica que mantuvieron intacta la lógica colonial en el seno de la modernidad criolla. Lo que hoy emerge con intensidad es precisamente el agotamiento histórico de ese continuismo estructural.
La actual crisis económica, política y social revela el límite histórico de un modelo de acumulación basado en el extractivismo y en la dependencia de rentas provenientes de la explotación de recursos naturales. Durante casi dos décadas, Bolivia sostuvo una relativa estabilidad macroeconómica apoyada fundamentalmente en la renta gasífera, los subsidios estatales y la expansión del consumo interno. Sin embargo, dicho esquema dependía de una condición excepcional: la existencia de elevados ingresos por exportación de hidrocarburos. Ese ciclo histórico llegó a su fin, debido a la disminución de las reservas gasíferas, la caída de la producción y la reducción de la dependencia energética de países como Brasil y Argentina. que debilitaron severamente la capacidad estatal de captación de divisas. En consecuencia, Bolivia enfrenta hoy, una crisis de disponibilidad de dólares que afecta directamente la importación de combustibles y el funcionamiento general de la economía nacional. Las largas filas para acceder a gasolina, la proliferación de mercados paralelos de divisas, el incremento sostenido del costo de vida, el desabastecimiento y el aumento de la conflictividad social no constituyen fenómenos aislados; son manifestaciones visibles de una crisis más profunda: la crisis de reproducción material del Estado.
En ese sentido, Bolivia, no enfrenta únicamente una crisis moral o una disputa estrictamente política por el poder, sino que, lo que está en cuestión es la capacidad misma del Estado, para sostener el modelo económico y social que durante años garantizó estabilidad relativa y legitimidad política, particularmente durante el ciclo histórico articulado en torno al Movimiento al Socialismo1. La discusión sobre el subsidio a los combustibles, sintetiza con claridad esta contradicción estructural. Durante años, el subsidio operó como un mecanismo de contención social y redistribución indirecta, que permitió preservar cierta estabilidad económica y política. No obstante, el crecimiento sostenido de su costo, lo transformó en una carga fiscal cada vez más difícil de sostener. El Estado boliviano, aparece así, atrapado en una paradoja irresoluble: mantener el subsidio que profundiza el déficit fiscal, o eliminarlo y desencadenar el estallido social y erosionar aún más la legitimidad gubernamental. El Estado optó por la segunda posibilidad.
Sin embargo, la crisis actual excede ampliamente la dimensión económica. Bolivia atraviesa también una profunda fragmentación del campo popular, cuya polarización, ya no puede explicarse únicamente mediante el antagonismo clásico entre derecha e izquierda. Las fracturas atraviesan hoy, al propio bloque político y social que articuló el denominado “proceso de cambio”. Organizaciones sindicales, sectores indígenas, movimientos campesinos, dirigencias partidarias y nuevas élites burocráticas disputan entre sí espacios de representación, legitimidad y poder. El bloque histórico, que durante años sostuvo una narrativa cohesionada de transformación social, ha comenzado progresivamente a desarticularse bajo el peso de contradicciones internas no resueltas. En ese escenario, la figura de Evo Morales, aunque algunos la consideran una “figura “muerta, para otros, aún conserva capacidad de interpelación simbólica en determinados sectores populares —especialmente campesinos y cocaleros—, aunque ya no detente la hegemonía política incuestionable que caracterizó etapas anteriores de su liderazgo.
Por su parte, el actual gobierno enfrenta un acelerado desgaste de legitimidad, debido a que las promesas de estabilidad, crecimiento e inversión privada realizadas en campaña chocan hoy con las limitaciones estructurales de una economía dependiente, vulnerable y poco diversificada. A ello se suman errores políticos y estratégicos cometidos en los primeros meses de gestión: medidas de austeridad percibidas como bruscas en un contexto de inflación y agotamiento social; un gabinete tecnocrático y empresarial que excluyó a organizaciones sociales, indígenas y sindicales; la subestimación del peso simbólico del Estado Plurinacional; el intento de imponer una rápida “normalización” política en un país atravesado por profundas fracturas; y un manejo conflictivo de las protestas que terminó radicalizando el descontento. Asimismo, el gobierno mostró dificultades para responder al malestar económico cotidiano, proyectando un discurso altamente técnico, pero con escasa capacidad de aliviar las condiciones de vida de la población. La fragilidad de la coalición gobernante, la excesiva confianza en el respaldo internacional y empresarial, y las denuncias de represión durante los bloqueos profundizaron aún más la ruptura entre el gobierno y amplios sectores sociales. Finalmente, y quizás el problema más profundo radica en que el gobierno habló mucho de eficiencia, meritocracia y estabilización, pero muy poco de memoria histórica, desigualdad colonial y fractura social, sin considerar que, en Bolivia, gobernar únicamente desde la racionalidad económica suele resultar insuficiente, porque la legitimidad también es simbólica, comunitaria y civilizatoria.
En suma, las expectativas sociales acumuladas durante años, superaron ampliamente la capacidad estatal de respuesta, generando una creciente percepción de distanciamiento entre el gobierno y las demandas populares. A eso se agrega, la desconfianza social, que ya no se dirige únicamente hacia el oficialismo, sino que también alcanza a la oposición, a las instituciones estatales, a los partidos políticos e incluso a las propias dirigencias sociales. Esa crisis de representación explica, en gran medida, el carácter heterogéneo y fragmentario de las actuales movilizaciones, donde convergen mineros, campesinos, transportistas, juntas vecinales, sindicatos urbanos y trabajadores precarizados sin una narrativa política unificada.
Y, en el trasfondo de esta crisis, resurgen también antiguas fracturas históricas que nunca fueron plenamente resueltas: las tensiones entre indígenas y criollos, entre campo y ciudad, entre oriente y occidente, entre élites y sectores populares. Se reactualiza, asimismo, la disputa entre dos horizontes de país: uno articulado en torno a la modernización liberal y otro vinculado al proyecto plurinacional. La crisis boliviana adquiere así, una dimensión profundamente simbólica y civilizatoria, porque lo que está en disputa no es únicamente la administración del Estado, sino el sentido histórico mismo de Bolivia. Dado que, en contextos de conflictividad profunda, las heridas coloniales y raciales reaparecen con fuerza, reabriendo la pregunta fundamental acerca de quién posee legitimidad para gobernar el país y bajo qué proyecto histórico.
En este marco, el Estado Plurinacional, vuelve a ser un terreno de disputa política e ideológica, ya que, para amplios sectores históricamente excluidos, significó reconocimiento simbólico, ampliación de ciudadanía e inclusión cultural. Aunque, el propio proceso se haya visto atravesado por contradicciones profundas como la persistencia del extractivismo, la dependencia económica, la burocratización estatal, la concentración de poder y la reproducción de prácticas antiguas de corrupción. El desencanto producido por estas tensiones, ha contribuido hoy, a la creciente radicalización política, expresada en escenarios marcados por bloqueos, enfrentamientos, uso de dinamita, militarización parcial y discursos que evocan abiertamente escenarios de desestabilización, ruptura institucional o incluso guerra civil. Todo ello ocurre mientras el país todavía carga con la memoria traumática de la crisis del 2019, de Masacres como la de Sacaba y Senkata, de las persecuciones políticas y de una polarización social extrema. Así las cosas, la democracia boliviana parece transitar una etapa de fatiga histórica profunda, caracterizada, además, por el debilitamiento de los consensos mínimos que sostienen la convivencia política.
A esta compleja situación se añade, además, una dimensión geopolítica cada vez más decisiva y potencialmente explosiva, vinculada a la participación del actual gobierno en el denominado Escudo de las Américas y a las nuevas formas de alineamiento hemisférico que ello supone. Bolivia, ocupa hoy, un lugar estratégico en la disputa global por recursos naturales críticos, especialmente el litio, cuya importancia crece aceleradamente en el contexto contemporáneo de transición energética, digitalización tecnológica y reconfiguración del capitalismo mundial. En tiempos de crisis sistémica, los recursos naturales dejan de ser únicamente bienes económicos para convertirse en dispositivos de poder geopolítico, seguridad energética y control territorial. En este escenario, Bolivia ya no puede ser leída únicamente desde su dinámica política interna. El país, comienza a insertarse en una trama mucho más amplia de disputas entre potencias globales, corporaciones transnacionales y bloques geoestratégicos que buscan asegurar acceso privilegiado a minerales críticos indispensables para la industria tecnológica, militar y energética del siglo XXI. El litio, junto a otros recursos estratégicos, se convierte así, en una pieza central de una nueva cartografía del poder mundial.
La gravedad del momento radica en que esta disputa ocurre en un contexto de debilitamiento institucional, fragmentación política interna y creciente conflictividad social. Históricamente, América Latina ha mostrado que los períodos de crisis económica y descomposición estatal suelen coincidir con mayores niveles de injerencia externa, especialmente cuando existen recursos estratégicos en juego. La presión por garantizar “estabilidad”, “seguridad jurídica” o “protección de inversiones” frecuentemente termina justificando mecanismos de control político, financiero o incluso militar sobre territorios considerados estratégicos.
La participación en esquemas hemisféricos de seguridad como el Escudo de las Américas puede interpretarse, en este contexto, como parte de una reconfiguración continental de las doctrinas de seguridad y gobernabilidad. Bajo el lenguaje de cooperación regional, lucha contra amenazas híbridas o estabilidad democrática, comienzan a consolidarse nuevas arquitecturas de vigilancia geopolítica sobre territorios ricos en bienes comunes estratégicos. No se trata únicamente de acuerdos militares: se trata de mecanismos de articulación entre seguridad, recursos naturales y gobernabilidad política.
Esto adquiere una dimensión particularmente delicada en Bolivia debido a la histórica fragilidad de la soberanía estatal frente a las dinámicas extractivas globales. Existe el riesgo de que la crisis actual abra paso a una nueva fase de subordinación geopolítica, donde las decisiones económicas y territoriales queden crecientemente condicionadas por intereses externos vinculados al control de cadenas globales de suministro energético y tecnológico. En otras palabras, el litio no representa solamente una oportunidad económica; representa también una posible reedición contemporánea de la vieja maldición colonial de los recursos naturales. Así como la plata de Potosí articuló violentamente a los Andes al nacimiento del capitalismo europeo, el litio podría insertar nuevamente a Bolivia en una economía mundial donde el territorio aporta materia prima, mientras otros centros concentran tecnología, industrialización y acumulación de riqueza.
La paradoja histórica es profunda: la llamada “transición energética verde”, presentada globalmente como horizonte civilizatorio sostenible, podría reproducir nuevas formas de colonialismo extractivo sobre los territorios indígenas y populares del sur global. La descarbonización del Norte corre el riesgo de sostenerse sobre una intensificación de la explotación territorial en el Sur. En este sentido, la disputa por el litio no es solamente económica ni tecnológica; es también civilizatoria.
Por ello, la crisis boliviana actual no puede reducirse a una pugna coyuntural entre oficialismo y oposición. Lo que está en juego es el lugar que Bolivia ocupará en la nueva reorganización del poder mundial: si continuará siendo un territorio subordinado a las necesidades estratégicas del capitalismo global o si será capaz de construir formas soberanas, comunitarias y descolonizadoras de gestión de sus bienes comunes. La crisis actual expresa, en realidad, el agotamiento simultáneo de un modelo económico extractivista, de una institucionalidad atravesada por profundas fracturas coloniales y de una clase política incapaz de responder a las demandas históricas de justicia social, autodeterminación y dignidad colectiva. En medio de la conflictividad, la precarización económica y la creciente disputa geopolítica por los recursos estratégicos, Bolivia vuelve a enfrentarse a una pregunta histórica fundamental: si será nuevamente sacrificada como periferia funcional del orden mundial o si logrará transformar esta crisis en una posibilidad de refundación civilizatoria.
- MAS es un partido político boliviano de izquierda fundado en 1997. Fue el partido gobernante entre 2006 y 2019 bajo el liderazgo de Evo Morales tras su primera victoria en las elecciones de diciembre de 2005 hasta la crisis política de 2019; y después en 2020 con la victoria de Luis Arce en las elecciones de octubre, concluyendo en 2025. ↩︎