«No Money, No Water, No life» (Sin dinero, sin agua, sin vida)
Introducción
La «cuestión del agua concentra y refleja en sí misma todos los elementos de explotación, opresión y discriminación» que caracterizan a nuestras sociedades. No es exagerado afirmar que «la calidad y la condición de toda nuestra sociedad» (ya sea nacional o internacional) «dependen del agua».
En Sudáfrica, las realidades de la prolongada crisis del agua han estado y siguen estando impulsadas por un enfoque político neoliberal que se enmarca en múltiples formas de privatización del agua. De hecho, las realidades vividas por la mayoría -trabajadores urbanos y rurales, pequeños agricultores, mujeres y jóvenes desempleados, habitantes de barrios marginales urbanos y comunidades mineras- están relacionadas con la marginación, la falta de respeto, la desposesión, el conflicto y la violencia, pero también con la resistencia.
El resultado acumulado durante las dos últimas décadas en Sudáfrica y, de hecho, en todo el continente africano, ha sido que las comunidades urbanas y rurales pobres/obreras sufren las consecuencias más directas, al tiempo que son los «participantes» más directos y los que resisten a estas múltiples crisis. Este artículo recoge las «historias» combinadas que hablan de estas realidades.
Las realidades de la crisis del agua
Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, publicado a principios de 2023, hay unos 2.000 millones de personas (el 25% de la población mundial) que no tienen acceso a agua potable limpia/segura, mientras que el 46% carece de servicios de saneamiento adecuados. Se prevé que en los próximos 2 años casi el 70% de la población mundial sufrirá escasez de agua limpia.
En el continente africano la situación es aún peor. Algo menos del 50% de la población del África subsahariana no tiene acceso al agua potable, mientras que el 35% no tiene acceso a ningún servicio básico de agua potable.
En Sudáfrica, se produjeron avances sustanciales durante las dos primeras décadas posteriores a 1994, en las que el porcentaje de hogares con acceso (formal) a agua potable pasó del 67% a un 96% estimado en 2018. Sin embargo, al mismo tiempo y especialmente en los últimos años, la fiabilidad de los servicios e infraestructuras de agua, así como el estado de la gobernanza del agua y el mantenimiento de las infraestructuras, se han deteriorado rápidamente.
Hasta el punto de que, en 2018, el porcentaje de hogares con servicios (reales) fiables y seguros de suministro de agua se redujo en un 64%. Además, más del 26% de todas las escuelas (urbanas o rurales), y el 45% de las clínicas no tienen acceso al agua.
Pero estas crisis son mucho más que eso. El acceso al agua y su asequibilidad están íntimamente relacionados con una serie de problemas comunitarios que tienen que ver con la provisión de servicios básicos, la alimentación, la salud, la vivienda, la tierra y la violencia de género. Además, el agua ocupa un lugar central en crisis de mayor magnitud, como la crisis climática y los conflictos armados. La ideología y la práctica del neoliberalismo capitalista se encuentran en el centro de estas crisis multifactoriales.
Triunfos y tribulaciones de la política neoliberal del agua
En 1994, cuando el Congreso Nacional Africano (CNA) llegó al poder en las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica, muchos esperaban que hiciera caso a las demandas populares de servicios básicos gratuitos y aplicara políticas de desarrollo más progresistas, favorables a los pobres y redistributivas. Pero no fue así.
El Estado del apartheid había empezado a introducir varias «reformas» políticas de carácter neoliberal en la década de 1980 en respuesta a la resistencia popular más radical y a su propia crisis económica. En lugar de oponerse activamente a ellas, el CNA aceptó la firma de un importante préstamo estatal del neoliberal Fondo Monetario Internacional (FMI). Pronto se convirtió en miembro de pleno derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), dos grandes defensores del neoliberalismo.
Lo que esto significaba era la aceptación de la mercantilización de las necesidades y servicios básicos. En 1996, el Estado del CNA anunció (sin consulta democrática alguna) la adopción del plan macroeconómico Estrategia de Crecimiento, Empleo y Redistribución (GEAR), que situaba claramente al país en una senda de desarrollo neoliberal. La GEAR establecía que cualquier compromiso relacionado con el contenido y el carácter de la provisión de servicios básicos estaría sujeto a «consideraciones» neoliberales de restricción del presupuesto, flexibilidad laboral, privatización y recortes de los gastos sociales, entre otras.
Como era de esperar, pronto se intensificó la presencia y la actividad de las multinacionales del agua. La francesa Suez Lyonnaise y la británica BiWater (entre otras) firmaron contratos de servicio en varias ciudades provinciales pequeñas, que culminaron con la obtención por parte de Suez del que entonces era el mayor contrato de África, que abastecía a más de 600.000 hogares de la ciudad de Johannesburgo.
En paralelo, el marco político neoliberal exigía que el gobierno nacional aplicara serios recortes a la «parte equitativa» de los ingresos nacionales y que las subvenciones que debían concederse a los gobiernos locales se redujeran sistemáticamente. De este modo, las administraciones locales se vieron obligadas a depender casi exclusivamente de los ingresos propios para financiar la gestión de una serie de servicios básicos, incluido el agua.
Desde fines de la década de 1990 hasta fines de la de 2000, esto creó una situación en la que cada vez más entidades de gobierno local tuvieron que recortar drásticamente los objetivos de provisión de servicios, siendo los pobres los más afectados. También se priorizó la «recuperación de costes» para obtener ingresos, lo que provocó cortes de agua, a la vez que se implantaban contadores de agua de prepago, lo cual contribuyó a un grave deterioro social y medioambiental. Privatizar/corporativizar la gestión y provisión de servicios básicos provocó un aumento de los precios y la creación de un entorno favorable al clientelismo y la política de facciones.
La ofensiva neoliberal también incentivó la creciente corrupción en el sector del agua. Los contratos o licitaciones secretas, a menudo enormemente inflados, firmados entre entidades gubernamentales/públicas (a varios niveles) y empresas privadas/corporativas se pusieron a la orden del día. Las empresas pagaban sobornos para conseguir contratos como parte de su práctica empresarial «normal». Otras empresas, en connivencia con funcionarios públicos que recibían sobornos, impulsaron proyectos innecesarios, cobraron en exceso y reclamaron pagos por trabajos de mala calidad o inexistentes. En el sector público/estatal, los puestos de trabajo se repartían como caramelos entre personas no cualificadas, pero con conexiones políticas, y los funcionarios de menor rango eran presionados constantemente, a riesgo de despido, por políticos y superiores para que dieran su aprobación o hicieran la vista gorda ante los tratos y prácticas corruptas.
En las tres décadas transcurridas desde 1994, los efectos combinados sobre los pobres y la clase trabajadora de esta arremetida política neoliberal en Sudáfrica han sido trágicos y devastadores. Entre ellos se incluyen: la división de las relaciones sociales/comunitarias por el acceso diferencial al agua; un aumento de las enfermedades y dolencias relacionadas con el agua; millones de hogares a los que se les ha cortado el acceso al agua y que han sido desalojados por no poder pagar las facturas del servicio; y, aumentos drásticos del precio del agua (300% entre 1996 y 2020).
Resistencia popular
Tras la adopción de medidas políticas neoliberales a mediados de los noventa, los pobres y la clase trabajadora no tardaron en movilizarse. Aprovechando las profundas raíces del activismo y la lucha de las comunidades, los trabajadores, los jóvenes/estudiantes y las mujeres de la época del apartheid, pusieron en marcha nuevas organizaciones y movimientos para defender los servicios y bienes públicos y enfrentarse a los especuladores empresariales y las élites políticas.
En Johannesburgo, diversas organizaciones de trabajadores, comunidades y estudiantes se unieron para formar el Foro Anti-privatización (APF). Rápidamente se puso en marcha la «Operación Vulamanzi» («Agua para todos») para oponerse a la instalación forzosa de contadores de prepago y otros «dispositivos de gestión del agua» (como los sistemas de goteo), mediante técnicas de reapropiación que dieron un golpe popular a favor de la «desmercantilización» inmediata del agua y el autoempoderamiento de la comunidad. Al mismo tiempo, se inició una campaña de oposición a la renovación del contrato de cinco años entre Johannesburg Water y la multinacional Suez Lyonnaise, que acabó teniendo éxito.
El nacimiento del APF también vino acompañado del lanzamiento de otros movimientos sociales y comunitarios nuevos en toda Sudáfrica, la mayoría de los cuales se unieron a la lucha contra la privatización del agua. Muchos de estos movimientos se unieron después para formar el Social Movements Indaba (Indaba significa «debate» o «reunión»), que organizó una marcha masiva anticapitalista e internacionalista en 2002 en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y, durante varios años después, coordinó diversas actividades educativas y acciones directas contra la privatización.
A fines de 2003 se creó la Coalición contra la Privatización del Agua (CAWP). Durante los años siguientes, la CAWP estuvo al frente de la lucha contra los contadores de prepago, en las llamadas «guerras del agua». También se encargaron de la investigación participativa para rebatir las mentiras y los mitos de los privatizadores del agua, y emplearon diversas tácticas, como piquetes, marchas, movilizaciones puerta a puerta y desafíos legales.
Lamentablemente, en la segunda década de 2000, el APF, el CAWP y la mayoría de los movimientos sociales de mayor alcance que habían estado activos desde finales de la década de 1990 se habían disuelto o habían dejado de existir debido a una serie de problemas organizativos, ideológicos y de recursos, en su mayoría internos. A pesar de estos acontecimientos negativos, el impacto de las luchas combinadas de los últimos 15 años había garantizado la derrota efectiva de la privatización del agua a gran escala con la participación de empresas multinacionales y un rápido declive en la implantación generalizada de contadores de prepago.
Aunque esta resistencia cosechó varias victorias, en los últimos años se ha intensificado el cambio hacia la corporativización/comercialización de las entidades públicas de agua locales, metropolitanas y regionales, así como la vuelta al modelo de «recuperación total de costes». Paralelamente, algunos municipios, como Ciudad del Cabo, han intensificado la implantación de dispositivos de gestión del agua, cortando el suministro una vez consumida una pequeña cantidad básica gratuita al mes e instalando limitadores de flujo que sólo permiten que salga de la llave la cantidad básica gratuita durante todo el mes.
La oposición y el enfado generalizados en las comunidades pobres de Ciudad del Cabo han dado lugar a la creación del Colectivo Africano por el Agua (African Water Commons Collective, AWCC), que en los últimos años ha llevado a cabo una amplia labor de investigación y educación y ha contribuido a organizar y movilizar a muchas comunidades pobres para conseguir que el municipio abandone los dispositivos. Además, muchas comunidades pobres de todo el país han seguido participando en protestas con regularidad. Desde el final de la pandemia de COVID, han proliferado varias campañas nacionales centradas en la calidad del agua (mediante iniciativas de análisis ciudadanos) y en la lucha contra el envenenamiento tóxico y la contaminación de las fuentes de agua por parte de la agricultura y la minería corporativas.
La lucha continúa
En Sudáfrica ha habido 25 años de luchas ininterrumpidas, aunque muy variadas en forma e intensidad, procedentes de movimientos sociales progresistas, organizaciones comunitarias, sindicatos/formaciones de trabajadores, ONG y activistas individuales. Si bien es cierto que la batalla contra la privatización del agua no se ha ganado de forma rotunda, se han producido muchos avances. Como en otras partes del continente y del mundo, habrá que mantenerlos con energía renovada, tácticas creativas, unión colectiva y una fe inquebrantable en las posibilidades del cambio radical y las alternativas.
