Contexto y objetivos
El poder popular en la izquierda latinoamericana es un concepto central que se refiere a la participación activa y directa del pueblo en la toma de decisiones políticas y sociales. Este concepto ha sido promovido principalmente por el marxismo, una corriente ideológica que ha influido en varios movimientos revolucionarios de América Latina. Lejos de ser una ideología cerrada, se trata más bien de un concepto abierto para los movimientos a la hora de referirse a su estrategia revolucionaria.
El poder popular se basa en la idea de que la clase trabajadora y los sectores populares deben organizarse y movilizarse para transformar la sociedad y construir un sistema más justo y equitativo. Se puede lograr un nuevo sistema, normalmente el socialismo, mediante el control progresivo de los medios de producción que permiten a la clase trabajadora gestionar, organizar y desarrollar programas económicos, culturales y sociales. Las comunidades organizadas identifican sus necesidades y buscan oportunidades para responder a las necesidades colectivas de acuerdo con las condiciones de sus entornos y territorios. Como resultado, la fortaleza del tejido social y la capacidad de transformación aumentan en función de la productividad y el trabajo.
«La experiencia nos enseña que las actividades y proyectos que desarrollamos deben encarnar cómo debería ser la nueva sociedad». El objetivo es multiplicar las experiencias en diferentes contextos sociales y territoriales, un proceso continuo que debe crear espacio para que surjan y florezcan nuevas experiencias. Un resultado podría ser una nueva economía, a medida que una multiplicidad de asociaciones se transforman en proyectos comunitarios socioproductivos. La interconexión de diversas experiencias se ve facilitada por el desarrollo del movimiento político, que hace posible la promoción y coordinación de la mayoría de ellas como parte de un único proyecto.
Las comunidades utilizan la planificación colectiva para identificar lo que hay que hacer, cómo proceder y qué se espera en términos de beneficios; mientras que, por otro lado, las condiciones «objetivas» acaban imponiéndose como una dificultad ineludible para los planes colectivos. Se trata de un proceso continuo entre los diferentes niveles de organización, de abajo hacia arriba y viceversa, ya que la planificación se convierte en un proceso de aprendizaje y transformación colectivos.
El poder popular busca superar la democracia representativa tradicional, que se considera incapaz de garantizar los intereses y derechos de las mayorías. En su lugar, se propone la democracia participativa, en la que las comunidades y los movimientos sociales son fundamentales en los procesos de toma de decisiones. La democracia popular implica la creación de espacios de participación: asambleas populares y consejos comunitarios, entre otras cosas, donde las personas pueden debatir y decidir sobre las políticas y los proyectos que afectan a sus vidas. El poder popular también implica la construcción de una conciencia colectiva y la movilización popular como herramienta para el cambio social a través de acciones concretas, como infraestructuras cooperativas para garantizar la reproducción de la vida. Al hacerlo, surge una nueva cultura y, por lo tanto, puede surgir una nueva sociedad.
La experiencia de Arauca
El departamento de Arauca se encuentra en la región oriental de Colombia, tiene una superficie de 23 818 km² y 300 000 habitantes. Caracterizado por su larga historia de lucha social desde la Guerra de Independencia en el siglo XIX, Arauca siempre ha sido considerado un nido de rebeldes. En los últimos 50 años, las comunidades que se han asentado en este departamento han contribuido en gran medida a la construcción de alternativas económicas, sociales y políticas. La autoorganización aparece como una solución al constante abandono por parte del Estado y sus instituciones, la persecución continua, la explotación de los recursos naturales y la escasa o nula satisfacción de las necesidades básicas. Este departamento comparte una parte importante de la frontera con Venezuela (con casi 1100 kilómetros de frontera fluvial), lo que significa que, históricamente, estos dos territorios han mantenido importantes relaciones comerciales y culturales. Para comprender la formación social, es necesario saber que el tejido social traspasa la frontera de muchas maneras, a través de la cual se producen procesos migratorios y el contrabando de petróleo, alimentos, ganado y otros bienes esenciales. Como resultado, podemos encontrar expresiones culturales compartidas como parte de la idiosincrasia del este del país y de esta región concreta de América Latina.
Desde principios de este siglo, la revolución bolivariana se ha convertido en un factor clave a favor de los movimientos populares en Colombia, especialmente en esta región, donde se han llevado a cabo iniciativas sociales e intercambios desde una perspectiva revolucionaria.
Esta región fue colonizada en los años 50 mediante el desplazamiento masivo de la población de inclinación liberal durante la guerra entre las guerrillas del partido Liberal y Conservador. En ese momento, los liberales luchaban por la reforma agraria, una cuestión clave para la lucha de clases en Colombia desde la creación del país. La gente cuenta cómo tuvieron que autoorganizarse durante décadas sin ninguna presencia del Estado colombiano; así es como empezaron, por ejemplo, a construir infraestructuras como servicios de abastecimiento de agua de propiedad comunitaria, cogestionados con las comunidades indígenas. En 1957, la población organizó el municipio de Saravena, reconocido por el Estado en 1973, tras la primera movilización masiva de sus habitantes en 1972.
Históricamente, la presencia del Estado se ha manifestado principalmente a través de la represión, la militarización y la criminalización de la población de la región. Por eso se considera al Estado como un adversario y las comunidades han resuelto sus problemas por sí mismas desde los años 50. No obstante, las comunidades también han exigido constantemente al Estado y a las empresas petroleras privadas que construyan infraestructuras básicas y financien proyectos productivos mediante diferentes mecanismos de presión, como huelgas, mesas de negociación, manifestaciones y bloqueos de carreteras que pueden durar semanas.
El movimiento es el resultado de una búsqueda continua para satisfacer las demandas sociales, de modo que las personas puedan permanecer en sus territorios en condiciones dignas. Sin embargo, ha ido más allá y ha alcanzado un nivel político al permitir a las comunidades proponer y crear un plan de vida para sí mismas. Este plan de vida tiene diferentes raíces históricas relacionadas con objetivos estratégicos anteriores, integrando nuevos sectores sociales, planificación regional permanente, evaluación y reestructuración. Asimismo, en 2012, los esfuerzos conjuntos de más de siete departamentos de la región central permitieron actualizar el plan de vida para incluir cinco sectores: trabajadores y sindicatos; campesinos y cooperativas; jóvenes y estudiantes; grupos étnicos (comunidades negras e indígenas) y organizaciones cívicas (mujeres, LGBTQ, derechos humanos y asociaciones locales).
Sobre el terreno, en el centro de la pequeña ciudad de Saravena, hay un edificio de cuatro pisos donde tienen sus espacios de trabajo los medios de comunicación alternativos locales, la asociación de jóvenes (ASOJER), la asociación de derechos humanos (Fundación Joel Sierra), los sindicatos y otras asociaciones. A pocas cuadras se encuentra ECAAS, una empresa comunitaria que suministra el agua más limpia del país a los 50 000 habitantes de Saravena. ECAAS también gestiona el alcantarillado y las aguas residuales; recientemente ha comenzado a suministrar gas doméstico y tiene previsto producir energía solar a nivel local.
Muy cerca se encuentra la radio comunitaria local, que emite programas para todas las asociaciones y sectores organizados de la sociedad, junto a la cooperativa que vende chocolate producido localmente por una asociación de mujeres, junto con los productos de docenas de cooperativas, como queso, azúcar moreno, verduras, carne, etcétera.
Principales logros
La ECAAS celebra una asamblea cada seis meses en la que se reúnen delegados de todos los barrios, sectores y asociaciones. También asisten las comunidades indígenas que cuidan y protegen la fuente de agua. La ECAAS es una organización sin fines de lucro obligada por el Estado a cobrar por sus servicios, pero a reinvertir todos los beneficios en los servicios y en el fondo ambiental gestionado por las autoridades indígenas. Cada sector vota a sus delegados para que trabajen y gestionen la estructura legalmente reconocida. El actual presidente, Bernardo Arguello, fue acusado dos veces de rebelión y cumplió unos seis años de prisión hasta que demostró que era un humilde servidor de su comunidad. Las instituciones estatales colombianas intentaron encontrar fundamentos jurídicos para cerrar la empresa, pero no han conseguido deshacerse de ella.
Uno de los sectores que participan en la ECAAS es ASOJER, la organización juvenil en la que convergen jóvenes urbanos y rurales. ASOJER organizó recientemente una huelga con bloqueos para obligar a las autoridades municipales a garantizar el acceso al transporte y la alimentación a todos los estudiantes; también consiguieron que las cooperativas locales proporcionaran servicios de alimentación. La mayoría de las escuelas son públicas, pero en las zonas rurales algunas están autoorganizadas por comunidades rurales que se reúnen en torno a territorios campesinos colectivos para producir alimentos. Por ejemplo, Caño Limón es un territorio donde cientos de familias desplazadas por una empresa petrolera estadounidense en los años 90 recuperaron sus tierras en 2013. Los yacimientos petrolíferos de Caño Limón representan casi un tercio de la producción petrolera colombiana, y es un territorio militarizado bajo una concesión a perpetuidad a favor de la empresa petrolera Oxy Petroleum, actualmente conocida como SierraCol Energy. Nadie puede entrar o salir sin pasar por uno de los puestos de control. La comunidad de Saravena se enfrentó inicialmente a la represión armada y la criminalización, pero ahora está reconocida como territorio campesino autogobernado y defiende la titularidad colectiva de sus tierras.
Los territorios autónomos campesinos forman parte de una estrategia nacional en la que la Coordinador Nacional Agrario (CNA) intenta preservar diez millones de hectáreas de tierra para la agricultura. Parte de la estrategia incluía el reconocimiento constitucional de los campesinos, que se logró cuando el Congreso aprobó finalmente la Ley Legislativa N.º 1 en 2023. En esos territorios se desarrollan actividades como la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, así como la minería a pequeña escala combinada con la agricultura. Estas actividades alimentan a las familias campesinas y a la población de las grandes ciudades a las que llega su producción.
Parte de la estrategia del territorio de autogobierno campesino incluye la constitución de guardias desarmados compuestos por delegados de las asociaciones locales. Son voluntarios de todos los géneros que llevan un bastón simbólico, que representa la autoridad colectiva que las comunidades pueden otorgar o retirar. Los guardias protegen a las comunidades contra la represión y ayudan a implementar los acuerdos colectivos.
El poder popular como alternativa en la América Latina actual
En la parte sur del continente, la relación entre los proyectos emancipadores y la idea del Estado tiene una historia compleja. El proceso de independencia del colonizador español alimentó la creencia de que era necesario construir Estados fuertes e independientes para que los pueblos se liberaran de la opresión. El concepto de poder popular ha sido utilizado en América Latina por anarquistas con una postura clara contra el Estado; también lo han utilizado los marxistas, incluidos aquellos que piensan que el socialismo no puede lograrse sin controlar el Estado. Por ejemplo, la revolución cubana y otros intentos revolucionarios inspiraron la idea de que el Estado es también una herramienta para apoyar el poder popular.
Como hemos visto en Colombia, las comunidades utilizan la movilización para presionar al Estado para que invierta en infraestructura; en algunos casos, también organizan partidos de izquierda para que se unan al Estado, como es el caso del gobierno actual. El primer gobierno progresista fue elegido en Colombia en 2022 tras seis meses de levantamiento popular. Este gobierno es el resultado de una coalición, en la que ambos partidos experimentan constantemente una gran tensión. Sin embargo, algunos esperan que pueda ser el comienzo de una nueva era para Colombia.
En el caso de Venezuela, la revolución bolivariana ha sido promovida por el Estado a través del Ministerio del Poder Popular, que apoya el proceso de base de la Comuna. El pueblo, organizado en comunas, es el motor de la revolución. Su fuerza sustentó la revolución y le permitió sobrevivir a los bloqueos internacionales y otros ataques imperialistas de los Estados Unidos de América, incluida la amenaza de invasión militar desde la frontera colombiana. El control económico, político y militar imperialista de los Estados Unidos es una cuestión fundamental en todo el continente. También es la razón por la que los Estados y gobiernos antiimperialistas han sido esenciales para disminuir la presión permanente. Los gobiernos progresistas de principios de la década de 2000 también se convirtieron en un factor a favor de los movimientos populares, que lograron obtener su apoyo, principalmente para financiar las economías locales y la educación. Además, las acciones populares utilizaron el espacio abierto por el Estado para fortalecer su lucha mediante la ocupación de tierras y la formalización de la propiedad colectiva.
Poder popular y confederalismo democrático: un diálogo necesario
El confederalismo democrático y el poder popular no comparten un análisis común del Estado, pero sí prácticas comunes. Ambos tratan de abrir un espacio para el autogobierno de la sociedad con el fin de que esta recupere colectivamente su capacidad de responder a sus propias necesidades. Más allá de las diferencias, un diálogo de prácticas puede fortalecer la lucha global por la libertad.
Nota al pie
Campesino: T.N: Utilizamos «campesino» en lugar de la palabra más familiar «agricultor» para señalar la diferencia entre la categoría social (campesino) y el tipo de trabajo. En América Latina, el concepto de campesino incluye a las personas que viven en el medio rural, que pueden tener o no tierras y pueden trabajar o no la tierra. Sus luchas van más allá de su trabajo e incluyen luchas históricas por la identidad.