En las últimas semanas, la atención de los medios occidentales se ha centrado en la desaparición de un submarino, llamado Titán, que se encontraba en una expedición para explorar los restos del Titanic. El submarino se había embarcado en un viaje en alta mar, ofreciendo una experiencia emocionante a un pequeño grupo de turistas adinerados que pagaron $250,000 dólares cada uno para asistir. Entre los cinco pasajeros a bordo se encontraban el multimillonario británico, Hamish Harding, el magnate de los negocios, Shahzada Dawood y su hijo, un renombrado oceanógrafo francés y director general de OceanGate, la empresa organizadora de la expedición.
Tras las llamadas de socorro, las autoridades lanzaron rápidamente una misión multinacional de búsqueda y rescate (SAR). Los esfuerzos conjuntos de los Guardacostas de EE. UU. y Canadá, junto con numerosas embarcaciones y aviones privados y comerciales, se complementaron con el despliegue de equipos internacionales con tecnología SAR altamente especializada. La Real Fuerza Aérea Canadiense desplegó aviones equipados con tecnología avanzada de detección acústica bajo la superficie para ayudar en los esfuerzos de búsqueda, mientras que un buque de investigación francés con un robot no tripulado capaz de explorar las profundidades del fondo del océano también se unió a la operación. En cinco días, los equipos de búsqueda localizaron numerosas partes de la embarcación sumergida, lo que provocó una investigación sobre la causa de la implosión del submarino y las muertes a bordo.
Mientras los medios cubrían extensamente la operación SAR a gran escala para el submarino y sus pasajeros, los recientes eventos han vuelto a exponer una disparidad inquietante en el valor que se da a las vidas humanas. Justo antes del incidente del Titán, una embarcación que transportaba aproximadamente a 750 solicitantes de asilo, incluidos más de 100 niños, en la ruta de Libia a Italia, naufragó en el mar Mediterráneo. A pesar de las afirmaciones de la Guardia Costera griega de que el barco rechazó la asistencia, personas activistas argumentan que las personas a bordo habían estado pidiendo ayuda hasta durante 15 horas, sin respuesta. Investigaciones posteriores realizadas por periodistas respaldaron las afirmaciones de las activistas e indicaron que el barco había mostrado un movimiento mínimo durante al menos siete horas antes de que finalmente se hundiera. El 23 de junio, el mismo día en que se recuperaron los restos del barco Titán, se produjo otro trágico naufragio en las fronteras exteriores de Europa, aproximadamente a 160 kilómetros al sureste de Gran Canaria. Se presume que 39 personas perdieron la vida durante este intento de viaje de Marruecos a España. Una vez más, a pesar de esperar más de 12 horas para recibir socorro, la embarcación en peligro no recibió ayuda de las autoridades españolas ni marroquíes, ni interés alguno por parte de la comunidad internacional o los medios de comunicación.
Estos eventos, aunque distintos, forman un telón de fondo conmovedor pero predecible a partir de los desarrollos recientes de una nueva «política europea de asilo y migración». Después de años de negociaciones, a principios de junio, la Unión Europea (UE) logró un acuerdo de compromiso sobre reformas sustanciales de su sistema de asilo, anunciado por los políticos como un enfoque «histórico». Sin embargo, el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA o CEAS en sus siglas en inglés) propuesto no se desvía de las acciones previas de la UE, sino que es más bien una extensión de las políticas seguidas por diferentes facciones políticas, incluidos grupos de derecha y socialdemócratas, durante varias décadas.
Un aspecto crucial del SECA es su compromiso de ampliar aún más la financiación para la agenda de «externalización de fronteras» de la UE. Las políticas de externalización implican la externalización del control fronterizo y la «gestión de la migración» por parte de países no pertenecientes a la UE, a menudo con el objetivo de evitar la llegada de solicitantes de asilo a las fronteras de la UE. En este proceso, los llamados países socios no pertenecientes a la UE reciben asistencia financiera, capacitación y apoyo técnico para fortalecer su capacidad de controlar la migración en aras de los intereses económicos de la UE. Adicionalmente, se forman acuerdos bilaterales o regionales para promover la colaboración en la gestión de fronteras, el control migratorio y la deportación de migrantes a sus países de origen. Desde que logró el acuerdo sobre el SECA, la UE no ha perdido el tiempo en iniciar un nuevo régimen de externalización de fronteras con Túnez, ofreciendo al país 105 millones de euros para gestión de fronteras, búsqueda y rescate, lucha contra el contrabando y esfuerzos de retorno. A pesar de las continuas críticas de Europa al retroceso democrático en el país desde que el presidente Kais Saïed asumió el cargo en 2019, junto con su incitación a los sentimientos racistas y antiinmigrantes que produjeron un aumento de la violencia brutal contra los solicitantes de asilo en todo Túnez en febrero de 2023, la UE sigue comprometida en ofrecer 1.000 millones de asistencia financiera adicional en función de la implementación de las reformas necesarias por parte de Túnez: el objetivo subyacente es ejercer control sobre la migración desde Túnez al llegar a un acuerdo con el presidente. Además de los proyectos de externalización, el SECA también incluye varias medidas nuevas, incluida la imposición de cargos de 20.000 € por persona a los países miembros que se nieguen a acoger personas refugiadas, y la implementación de un nuevo sistema que facilite la redistribución de inmigrantes entre las naciones de la UE, con cuotas específicas para estados de primera línea como Italia, Grecia y España. Además, cada estado miembro puede determinar su propia interpretación de lo que constituye un tercer país «seguro» para las deportaciones, lo que plantea dudas sobre la protección de los solicitantes de asilo y la posibilidad de trato desigual entre los estados de la UE. El SECA también implica la externalización de los procedimientos de asilo a las fronteras exteriores de la UE y una propuesta de deportación rápida de cualquier persona a la que no se le conceda asilo.
La ratificación de la versión actual del reglamento del SECA supondría una renuncia al derecho fundamental de asilo tal como se describe en el Protocolo de 1967 de la Convención de Ginebra de 1951 en toda la Unión Europea. Sin embargo, es esencial considerar este desarrollo dentro de su contexto histórico, teniendo en cuenta la trayectoria de décadas de política migratoria y de fronteras de la UE. Desde el establecimiento de la UE, que coincidió con el inicio de la globalización, ha habido un énfasis notable en facilitar el movimiento de bienes, información y dinero a través de las fronteras mediante acuerdos comerciales y avances tecnológicos. En contraste, la movilidad de las personas se ha enfrentado a restricciones y controles cada vez mayores, con inversiones intensificadas en seguridad fronteriza y sistemas de vigilancia. En 1992, cuando la UE implementó medidas de liberalización y libre circulación dentro de sus fronteras internas, al mismo tiempo implementó mayores medidas de seguridad en sus fronteras externas debido a las amenazas percibidas asociadas con el colapso del socialismo real y la estigmatización de los inmigrantes que llegaban del Este como un peligroso «otro.» Estas medidas se ampliaron aún más en respuesta a la «guerra global contra el terrorismo» liderada por Estados Unidos, que erróneamente fusionó la migración con el terrorismo, lo que proporcionó una justificación para la implementación de medidas de seguridad excepcionales para abordarlo. En ambos casos, la noción infundada de una «amenaza migratoria» se fabricó deliberadamente para legitimar la implementación de estrictas medidas de seguridad dentro de la UE, lo que resultó en un movimiento para los no ciudadanos desigual y estrictamente controlado a través de sus fronteras. El objetivo principal de estas medidas ha sido gestionar una mano de obra mundial de migrantes altamente prescindible y explotable de acuerdo con las demandas del mercado.
Otro punto importante para tener en cuenta es que, si bien el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) conlleva el riesgo de erradicar las evaluaciones de asilo individuales y presagia soluciones securitizadas aún más extremas, también representa un retorno al marco original del derecho internacional de los refugiados, tal como se describe en la Declaración de 1951 de la Convención de Ginebra. Desarrollada inicialmente para abordar las necesidades de las personas refugiadas europeas después de la Segunda Guerra Mundial, la convención ganó aplicabilidad universal solo a través del Protocolo de 1967. El SECA que se propone indica que la política de asilo de la UE sigue guiándose por principios eurocéntricos y excluyentes en lugar del internacionalismo o la universalidad. Esto se ha vuelto cada vez más evidente a través del trato contrapuesto de las personas refugiadas europeas y las no europeas, en particular el trato preferencial otorgado a las personas refugiadas ucranianas tras la invasión de Rusia en 2022 en comparación con las que llegan de países fuera de Europa que no son predominantemente blancas y cristianas.
Impulsando una industria de seguridad fronteriza
Las discusiones y las preocupaciones en torno a la adopción del SECA no reconocen un aspecto crítico: su implementación no es un acontecimiento impactante o sin precedentes, sino más bien la continuidad de la agenda de control migratorio con una larga implementación y ampliamente respaldada por la UE. Esta agenda ya ha llevado al establecimiento de un amplio sistema transnacional de seguridad y vigilancia que se extiende mucho más allá de las fronteras de la Unión Europea. En el transcurso de tres décadas, este aparato coordinado ha experimentado una expansión significativa como resultado directo de las políticas sostenidas que reciben un consenso abrumador de todos los lados del espectro político. Ahora, con el SECA propuesto, estos esfuerzos se reforzarán aún más. Esto implicará una mayor financiación asignada a la militarización de las fronteras, el desarrollo de la infraestructura fronteriza, la prestación de ayuda policial, el despliegue de tecnologías de vigilancia avanzadas y el establecimiento de colaboraciones policiales transnacionales en terceros países seleccionados. Todos estos esfuerzos tienen como objetivo controlar la migración para servir a los intereses de los mercados y del capital de la UE, con la normalización de las muertes en la frontera como una consecuencia desafortunada pero necesaria.
La externalización de las políticas fronterizas de la UE, ejecutada principalmente a través de esquemas de financiación de asistencia para el desarrollo, ha jugado un papel vital en el impulso de una industria de seguridad fronteriza más amplia. Esta industria involucra una red de actores, que abarca tanto entidades estatales como no estatales, élites políticas locales, actores privados, ONG, grupos de expertos y otros. Cada uno de estos actores se beneficia de la expansión de la industria de diversas maneras. Su objetivo último es gestionar y controlar la migración en consonancia con los intereses políticos y económicos de la UE mediante la ejecución de proyectos de seguridad fronteriza en terceros países. La introducción del SECA representa un paso más hacia la expansión de la influencia y las operaciones de esta industria. El mercado de la seguridad fronteriza está experimentando un crecimiento significativo, con una expansión anual estimada del 7,2 % al 8,6 %, y se prevé que alcance los 65.000-68.000 millones de dólares norteamericanos para el 2025. Europa, en particular, destaca con una tasa de crecimiento anual prevista del 15 %, especialmente en los sectores de la biometría y la inteligencia artificial (IA). En particular, las empresas de armas europeas, australianas, estadounidenses e israelíes han sido identificadas como las principales beneficiarias del crecimiento y la expansión de esta industria. En este sentido, es fundamental tener en cuenta que las políticas de externalización de la UE no solo están determinadas por las necesidades del mercado, en términos de adquisición de personas trabajadores migrantes calificadas y no calificadas, sino también por los actores que se beneficiarán de la expansión de la industria y la mayor inversión en seguridad fronteriza.
El aumento significativo de la inversión de la UE en la externalización de fronteras ha dado lugar a la aparición de actores no estatales, incluidas empresas semipúblicas y organizaciones internacionales especializadas en consultoría, formación y gestión de proyectos de seguridad fronteriza en países no pertenecientes a la UE. Estos actores no estatales han prosperado gracias al crecimiento de la industria y han desempeñado un papel importante en la configuración de los esfuerzos de externalización de la UE. Entre estos actores destacan la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD) y la Agencia Europea de la Guardia Costera y de Fronteras (Frontex). Las tres organizaciones están involucradas en la implementación de proyectos de control fronterizo sobre el terreno, como la formación de guardias fronterizos, la realización de deportaciones, el establecimiento de redes de cooperación policial internacional entre los estados miembros de la UE y terceros países, y la adquisición de tecnologías de vigilancia y equipos policiales para los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Con sus presupuestos expandiéndose exponencialmente en los últimos diez años, el nuevo SECA promete brindar más beneficios a estas organizaciones.
Sin embargo, lo que a menudo pasa desapercibido es que organizaciones como la OIM, el ICMPD y Frontex no solo contribuyen a la implementación práctica de las políticas de externalización de fronteras de la UE, sino que también desempeñan un papel crucial en el establecimiento de un «régimen de la verdad» coherente e internacionalmente aceptado sobre la migración, a través de la producción y difusión de conocimientos e información, que a menudo se enmarca en el lenguaje de los derechos humanos y el humanitarismo. Esto es especialmente importante porque, en ausencia de acuerdos internacionales o leyes que rijan la movilidad a través de las fronteras, la colonización de discursos se vuelve crítica para la legitimación de políticas fronterizas violentas.
Estas organizaciones se involucran en una variedad de actividades, que incluyen la publicación de informes y estadísticas, la inversión de recursos en relaciones públicas, la capacitación de periodistas en el Sur Global, la creación de glosarios de migración, la administración de academias de medios, la financiación de investigaciones académicas, el mantenimiento de revistas académicas y la participación en diálogos informales con actores de la industria, sectores estatales y no estatales. Personas académicas, periodistas, formuladoras de políticas y activistas que trabajan en temas de migración comúnmente dependen de los datos producidos por estas organizaciones, en particular la OIM, que se posiciona como una agencia de la ONU a pesar de su falta de un mandato de protección basado en los derechos humanos y de sus notables deficiencias en términos de rendición de cuentas y transparencia. Las estadísticas de migración que producen estas organizaciones, en particular, se perciben como poseedoras de una credibilidad científica significativa. Sin embargo, es importante reconocer que los datos producidos no son inherentemente objetivos o imparciales; están conformados por opciones con respecto a los métodos de recopilación de datos, categorías, indicadores y unidades de medida. Como tal, las estadísticas no reflejan simplemente una realidad existente; la moldean y la refuerzan activamente. Además, la OIM, el ICMPD y Frontex tienen un interés financiero creado en la producción de datos y conocimientos que verifiquen y justifiquen la agenda de externalización de la UE, tal como se describe en el SECA. Esto solidifica aún más su experiencia en la implementación de políticas de externalización de fronteras y contribuye al crecimiento continuo de la industria de seguridad fronteriza, garantizando su propia relevancia y financiamiento continuo.
Dadas las realidades actuales, es crucial desarrollar contra-estrategias y adoptar un nuevo lenguaje para abordar de manera efectiva las complejidades de las fronteras y la migración. Este discurso debe ir más allá del marco legalista de los derechos humanos y el derecho internacional, que no solo carece de relevancia, sino que ahora también está siendo manipulado por especuladores para justificar la expansión de la industria de la seguridad fronteriza. Para enfrentarse a ello, se necesita un nuevo enfoque, uno que pueda desafiar con éxito el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), así como resistir a la cooptación por parte de la agenda (neo)liberal y pueda abordar claramente el problema de la movilidad desigual y la explotación. Esta estrategia no debe limitarse a cuestionar el concepto de fronteras y abogar por el respeto de los derechos humanos, sino que también debe extender su crítica a la dinámica de poder arraigada dentro de los estados-nación y al sistema mundial capitalista, que sigue siendo el motor central de estas políticas. Por último, es importante reconocer que no se puede (y no se debe) confiar en el sistema actual para brindar las protecciones necesarias a quienes solicitan asilo puesto que es el mismo sistema el que da lugar a la necesidad de que las personas lo soliciten.
Manja Petrovska es una investigadora de doctorado radicada entre Ámsterdam y los Balcanes, que estudia las intersecciones del control fronterizo, el neocolonialismo y el imperialismo humanitario. Su investigación se centra en la industria de la seguridad fronteriza y las racionalidades neoliberales que dan forma a las políticas fronterizas y migratorias.
