Chile entre la revuelta antineoliberal y la ofensiva conservadora

Chile arrastra más de cuatro décadas de neoliberalismo, inaugurado por la dictadura cívico-militar (1973-1990). Como consecuencia de ello, diferentes áreas de la vida social (educación, salud, seguridad social, etc.) han sufrido procesos radicales de privatización y mercantilización. Además, otro aspecto central del modelo ha sido la explotación intensiva de bienes comunes naturales como la tierra, el agua y los minerales para generar crecimiento económico. Durante varios años, Chile se presentó al mundo como un ejemplo exitoso de políticas neoliberales. Incluso sus políticos convencionales, como el actual presidente Piñera, se refieren a Chile como “un oasis en América Latina”, reproduciendo el mito colonial de que Chile es un país “casi desarrollado”, “casi europeo”.

Aunque ya desde 2006, el modelo neoliberal ha sido cuestionado intensamente, sin embargo, el punto más alto de este cuestionamiento fue la revuelta antineoliberal iniciada en octubre de 2019. La protesta iniciada el 14 de octubre contra el alza del precio del metro en Santiago por parte de estudiantes de secundaria, terminó abriendo paso a una multitudinaria manifestación de descontento ante las precarias condiciones de vida en Chile. Las demandas que aparecieron en la revuelta eran diversas; fin de la mercantilización de la educación, no más sistema privado de pensiones, desprivatización del agua, más y mejor salud pública. Sin embargo, todas tenían en común el cuestionamiento de los pilares del neoliberalismo en el país. Asimismo, de forma transversal a todas estas luchas, han estado presentes las luchas feministas que han abogado por combatir la violencia de género y por el fin del patriarcado.

A continuación, mencionaremos brevemente tres ejemplos de tipos de movilización que contribuyeron a las características que adquirió la revuelta de Octubre. Primero, la generada ante la precariedad del trabajo en Chile, que se profundizó con las transformaciones de la dictadura y que comenzó a evidenciar sus efectos a largo plazo, especialmente en el sistema de pensiones. Hubo una reforma del sistema de pensiones en la década de 1980, creándose un sistema de gestión privada (AFP en sus siglas). Hace algunos años, las personas que dedicaron toda su vida laboral al sistema de pensiones comenzaron a jubilarse con este sistema 100% privado, recibiendo una pensión muy inferior a su salario promedio. Actualmente en Chile, la mitad de todas las personas pensionistas por vejez reciben menos de $ 186 por mes. A raíz de ello, se generó un movimiento en contra de las AFP, que son las empresas que administran los fondos de pensiones y los invierten en la bolsa de valores.

El segundo aspecto más conocido es el movimiento estudiantil. El movimiento ha estado vigente desde 2006, pero logró consolidar su fuerza en 2011 con las grandes movilizaciones contra el lucro en la educación. Los y las jóvenes en Chile han puesto en cuestión la mercantilización de la educación, y el neoliberalismo en su conjunto, precisamente por las duras consecuencias que genera el endeudamiento por estudios en sus familias.

Una tercera fuerza son las movilizaciones contra la desposesión de los territorios, relacionadas con el extractivismo como uno de los pilares del neoliberalismo en Chile. Así lo entendieron des de un inicio algunos grupos, como el pueblo mapuche en Chile en el año 90 cuando emergió con mucha fuerza la denuncia del extractivismo forestal. Y sobre todo ha crecido en la última década por diferentes problemas socioambientales que se han agudizado. También hay conflictos relacionados con la agroindustria, la energía y la minería, entre otros. El conflicto comienza a aumentar y hay movilizaciones muy fuertes en Chile en torno a las consecuencias que tiene el neoliberalismo en los territorios.

Otro componente importante de las movilizaciones posteriores a octubre de 2019 es el surgimiento y fortalecimiento de la organización territorial. Después de las primeras movilizaciones, comenzaron a surgir distintas asambleas territoriales en diferentes partes de Chile que se dedicaron a fortalecer la organización de la movilización, a hacer frente a la represión estatal y a discutir propuestas políticas para una vida “más allá del neoliberalismo”. Este proceso potente de reconstrucción de la organización social se vio limitado por dos factores: 1) un acuerdo “desde arriba” convocando a una convención constituyente encargada de redactar una nueva constitución en el marco de las condiciones impuestas por los partidos políticos y 2) la pandemia del covid-19 que llevó a importantes confinamientos que dificultaron la organización de las asambleas. Si bien muchas asambleas dejaron de funcionar, una parte minoritaria logró mantenerse desde su reinvención, principalmente con una acción destinada a hacer frente a problemas concretos de precariedad de la vida en pandemia (redes de solidaridad, abastecimiento comunitario de alimentos, salud preventiva popular, etc.).

Es necesaria una mención aparte para explicar una de las luchas más permanentes y con mayor dinamismo y duración: la lucha del pueblo mapuche. Las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche van más allá del neoliberalismo y están relacionadas con siglos de ocupación colonial que los han despojado de sus territorios y negado sus saberes ancestrales. La cara actual de la desposesión es la acción de las empresas forestales, agroexportadoras e hidroeléctricas. En 2019, el movimiento mapuche se manifestó en distintos espacios del territorio ancestral mapuche, a través de diversas ocupaciones de tierras que estaban principalmente dedicadas a la actividad forestal o a la generación de proyectos hidroeléctricos. Muchas de estas ocupaciones no están vinculadas con la institución estatal creada para estos efectos en 1992 (la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), sino que se desarrollan poniendo en práctica los principios de autonomía y control territorial. Hemos sido testigos de que, si bien la protesta social iniciada en octubre no es un proceso liderado por el pueblo mapuche, ha abierto espacios políticos para incrementar los procesos de recuperación de tierras (que ya estaban vigentes desde el asesinato por parte del Estado del miembro de la comunidad Mapuche Camilo Catrillanca en 2018). Según los datos disponibles, entre enero y abril de 2020 hubo 17 recuperaciones de tierras, mientras que en los mismos meses del año 2021 hubo 134 recuperaciones.

Reacción conservadora

La intensidad de las movilizaciones entre octubre de 2019 y marzo de 2020, además de desafiar los cimientos del neoliberalismo, ha llevado a sectores de la élite económico-política del país a desarrollar una fuerte defensa del modelo vigente. Además de utilizar un discurso de criminalización hacia quienes salieron a protestar durante esos meses, los principales grupos empresariales (como la Confederación de la Producción y el Comercio, y la Sociedad Nacional de la Agricultura) han sido grandes detractores de la elaboración de una nueva constitución y del reconocimiento de las demandas de los manifestantes, bajo el argumento de que la “ultraizquierda” podría bloquear el desarrollo del país si se aprueba una nueva constitución que busque cambiar los cimientos del neoliberalismo.

La reacción conservadora ha impulsado el incremento de medidas estatales de persecución, criminalización y represión de quienes han participado en el levantamiento social en Chile. Ejemplos de estas medidas son la ley que modifica el código penal para establecer penas en casos de alteración del “orden público” (llamada “ley antisaqueo”), y la iniciativa presidencial que busca la protección de las “infraestructuras críticas” del país bajo las fuerzas armadas.

Estas medidas representan una profundización de la tendencia estatal a responder con represión a la movilización que surge de los conflictos territoriales. En ese contexto, la pandemia declarada por el covid-19 llevó a justificar y reforzar el control con la excusa de la crisis sanitaria. A dos años de la rebelión de Octubre, esta tendencia preocupante que reclama el restablecimiento del orden y de la seguridad ha ganado espacio en la disputa ideológica del sentido común. Así se manifiesta con la elevada votación del candidato ultraderechista José Antonio Kast, que obtuvo un 27,9% en la primera vuelta de 2021 (frente al 7,9% en 2017). Kast, dentro de sus principales promesas, ofrece “restaurar la paz” en el país, y castigar a los “violentos y terroristas” que perturben el orden público.

El territorio mapuche (Wallmapu), como frontera histórica, ha sido objeto de un trato especial, de un “estado de excepción permanente”, de modo que se ha reforzado la militarización del Wallmapu. En el año 2021, dos miembros de la comunidad mapuche han sido asesinados por agentes estatales en acciones de protesta. El gobierno ha declarado el “estado de emergencia constitucional” en las regiones donde se desarrollan las principales movilizaciones mapuche. Además, la histórica discriminación y racismo hacia el pueblo mapuche ahora se reinventa bajo el discurso del narcotráfico como una forma de deslegitimar las demandas de este pueblo (se acusa a las organizaciones mapuche de narcoterroristas).

¿La lucha antineoliberal en un laberinto?

El panorama en Chile es incierto pasados dos años des de la mayor convulsión social de los últimos 35 años. La energía movilizada en las calles y las esperanzas reflejadas en los rostros de los millones de personas que salieron de sus casas a protestar nos hicieron creer que un cambio del orden social era posible e incluso cercano. Sin embargo, el debilitamiento de la movilización y organización territorial junto al reciente avance electoral de la ultraderecha, ha llevado a varios analistas a manifestar que los aires de rebeldía están en retirada.

Un factor que ha debilitado la movilización ha sido el proceso de institucionalización que el establishment ha buscado repetidamente. La creación de la convención constituyente, si bien incluye parte de las demandas populares, así como a representantes de los movimientos sociales y de la revuelta, ha sido un intento de canalizar el malestar y buscar generar consensos que legitimen el orden. El escenario sigue abierto dentro de la convención, porque en ella hay sectores que luchan por lograr una nueva constitución que pueda dar inicio al entierro del neoliberalismo. Sin embargo, un efecto concreto es que la contienda principal se ha trasladado a un espacio a parte de los movimientos sociales y asambleas territoriales que encabezaron la revuelta.

Además de la convención, en el último año ha habido una fuerte presión a causa del calendario electoral. Hemos vivido sucesivas elecciones para cargos de elección popular (constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes, concejales, concejales regionales, diputados, senadores, presidente). Ha sido un “bombardeo electoral” que ha llevado a amplios sectores de la izquierda a preocuparse principalmente por el momento de la “política desde arriba”, lo que ha debilitado la organización territorial. La última elección, y la que más inquietud genera, es la candidatura a la presidencia que enfrentan Gabriel Boric (que representa al Frente Amplio, el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano, que agrupa sectores de extrema derecha). Boric llega a la contienda declarando que busca acabar con el neoliberalismo basándose en un programa socialdemócrata que mira hacia las experiencias de Europa Occidental (especialmente los países nórdicos). Su discurso se suaviza cada vez más para buscar el “centro político”, leyendo que una parte importante del país no quiere grandes sobresaltos y anhela tranquilidad tras dos años convulsos. Kast, por su parte, ha buscado reflejar el espíritu de “paz y orden” en una alianza para el renacimiento del pinochetismo, de los fundamentalismos religiosos y la economía ultraliberal.

Más allá del resultado electoral, el escenario político del gobierno es altamente volátil. En el caso de una victoria de Kast, algo importante de su proyecto político es que no tiene proyección de futuro[1]. No hay promesas de un “nuevo proyecto”, como hicieron los neoliberales en las décadas de 1980 y 1990. Su apuesta es que “vendrá la fuerza y pondrá orden”. Sus propuestas económicas son una versión sobrecargada del neoliberalismo unido a un mayor conservadurismo cultural. Pero el esfuerzo de restauración es una ilusión en un mundo y una América Latina cada vez más agitada. La precariedad que ha generado la pandemia y las proyecciones de crisis económica dificultan que el neoliberalismo sobrecargado contenga los reclamos de justicia, de lucha contra el hambre, la violencia y la desigualdad.

Si algo nos ha enseñado Octubre de 2019 es que en Chile hay un volcán social que explotó y puede volver a hacerlo, porque las heridas que surgieron siguen abiertas. Corresponderá a los movimientos sociales y a los grupos indígenas de Chile encontrar caminos para que esta fuerza volcánica nos lleve a horizontes transformadores.